En el día de ayer el presente Nayib Bukele presentó la Ley Bitcoin de El Salvador en una cadena nacional en la cual el Presidente expuso, casi una hora, las ventajas al reconocer el Bitcoin como moneda de curso legal en el país vecino.
En una ley de únicamente 16 artículos este pequeño país centroamericano ha retado a los grandes organismos internacionales, entiéndase FMI (Fondo Monetario Internacional) o el Banco Mundial (BM) y a las grandes potencias, dando un paso adelante y citando las palabras del Presidente: “bancarizando a los sectores más débiles de la sociedad salvadoreña”.
Aunque los organismos internacionales y la oposición salvadoreña ven con recelo este tipo de iniciativas, unos alegan el daño ambiental y la poca transparencia en el proceso. Otros, por su parte, alegaron que “el bitcoin como un activo puede transformar a El Salvador en un paraíso fiscal, creando una burbuja financiera que puede romperse en cualquier momento con impactos negativos en las condiciones de vida de la población”.
No vamos a entrar a comentar si es un acierto o un riesgo demasiado elevado declarar el bitcoin como moneda de curso legal en un determinado país, pues toda conclusión dependerá de quien lo mire y bajo que filtro se mire. No obstante, lo que buscamos es exponer los principales puntos de la Ley aprobada.
El objeto de la Ley es regular el uso del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, otorgándole al mismo un poder absoluto en las transacciones que lleven a cabo personas naturales como personas jurídicas y que no perjudica la conocida en El Salvador como la Ley de Integración Monetaria, que le otorga la posibilidad a los salvadoreños de utilizar colones o dólares americanos en sus transacciones.
La normativa deja claro que el bitcoin tendrá un tipo de cambio con respecto al dólar americano que será determinado libremente por el mercado. Sin embargo, la Ley es muy clara y establece que para fines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia.
Todos los agentes económicos en El Salvador deberán atender a lo establecido en la Ley:
Obviamente que ante un 70% de la población sin acceso a la banca tradicional, esta iniciativa es un reto para el gobierno y la Ley hace énfasis en que el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en bitcoin, así como contar con convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar en caso de que lo desee. El Estado también promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones de bitcoin. El Estado también se compromete a crear la estructura institucional necesaria a efectos de aplicación de la Ley bitcoin. Otros de los compromisos fundamentales que el Estado debe cumplir para garantizar la circulación de los bitcoins son:
La ley de bitcoin en El Salvador está pendiente de sanción por el Presidente de la República y una vez sancionado publicado en la Gaceta oficial de dicho país, entrará en vigencia 90 días después de su fecha de publicación.
A raíz de este experimento veremos cómo reaccionan el resto de los países de la región ante el fenómeno cada vez más común del intercambio y uso del bitcoin en diferentes regiones.
