Uno de los temas más delicados con los que ha tenido que lidiar tanto el gobierno del expresidente panameño Juan C. Varela, en su momento, como ahora el gobierno del presidente Cortizo es el tema migratorio y específicamente el tema del Programa de Regulación Extraordinario de Extranjeros conocido popularmente como “Crisol de Razas”. Este programa promovido por el expresidente panameño Ricardo Martinelli buscó la regulación extraordinaria de una gran cantidad de extranjeros en Panamá, principalmente latinoamericanos. Estos ciudadanos podrían acceder de forma rápida a un estatus migratorio, lo que ayudaba a esa persona y al gobierno nacional a mantener un censo sobre todos aquellos inmigrantes. En conclusión, dicho Programa les permitía a todas las personas que estuviesen dentro del territorio panameño que fuesen ilegales registrarse, regularse sin aplicar a ninguna categoría existente en la ley migratoria vigente en Panamá.
Partiendo de este hecho se regularon entre los años 2010-2014 cerca de 57.569 personas, según un informe oficial publicado en julio de 2016. Con el gobierno de Juan Carlos Varela se suspendió este programa, aunque posteriormente lo prorrogó por seis (6) años alegando razones humanitarias para no dejar a cerca de 39.000 extranjeros en situación irregular que ya habían obtenido el visado gracias al “Crisol de Razas”.
Al igual que el gobierno pasado, el actual gobierno se encuentra en la misma disyuntiva y como medida han optado por eliminar el decreto anterior. No obstante, el tema no es tan simple. Es decir, el gobierno actual ha decidido suspender el programa regulador a ciudadanos ilegales, es decir, no habrá más concesiones nuevas.
Sin embargo, la gran interrogante es ¿qué harán con aquellos que se han legalizado años anteriores, es decir, aquellos que lograron su primer estado migratorio en Panamá a través del programa Crisol de Razas? El tema no es tan sencillo y por esta razón el actual gobierno plantea el establecimiento de una política migratoria global y luego de establecer esos lineamientos podemos hablar de una modificación integral a la Ley Migratoria panameña.
Mientras tanto se siguen prorrogando los permisos otorgados bajo el Crisol de Razas, toda vez que por razones humanitarias no podemos dejar a aquellos ciudadanos que están cumpliendo con la normativa sin estatus migratorio. Tenemos que ser responsables con estás personas que de una u otra forma ya han creado un arraigo en Panamá (hijos panameños, trabajo, carrera profesional, etc.). Estas personas no pueden ser tratadas de forma egoísta.
Panamá tiene que reconocer que, en su gran mayoría, estos ciudadanos aportan a la economía del país. Además, mediante esta medida Panamá tiene un control sobre los datos de los migrantes. La ilegalización de estas personas no es la solución, pues no beneficia ni al migrante ni al país y por tanto tampoco a los panameños.
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