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5 COSAS QUE NECESITAS SABER ANTES DE INVERTIR EN BIENES RAÍCES EN PANAMÁ

bienes raices

Después que superemos la crisis del COVID-19 será buen momento para iniciar nuevos proyectos, incluso hoy queremos destacar un sector en el cual se podrán encontrar buenas oportunidades de inversión: bienes raíces. Si el tema inmobiliario como mecanismo de inversión siempre es una opción, por eso queremos destacar 5 puntos importantes a tener en cuenta al momento de invertir en bienes raíces en Panamá. Panamá ofrece múltiples ventajas y es obligatorio conocerlas ya que con ello ahorraremos no solo tiempo sino también dinero.

  • ¿Cuáles son los impuestos que se deben pagar y a quién le corresponde?

Antes de meternos en una operación como es la compra de un bien inmueble en Panamá, debemos conocer que impuestos tengo pagar. Aquí os resumimos los impuestos a pagar, en el caso de Panamá hay que hacer frente al pago de dos (2) tipos de impuestos:

  • Impuesto de Bien Inmueble (IBI) grava la propiedad o tenencia de un bien inmueble.

Este tipo de impuesto no es fijo, es decir no corresponde el pago de una tasa fija, más bien depende del inmueble adquirido. En 2017 la Ley 66 de 17 de octubre de 2017, modifica los impuestos anuales aplicables a las propiedades inmobiliarias, y en 2019 se introducen, a través de modificaciones al Código Fiscal valores exentos de este impuesto de inmuebles. Es importante, mencionar que este impuesto se aplica atendiendo al valor catastral o registral de la propiedad, con unos valores mínimos exentos según tramos de valor. Debemos mencionar que dependiendo del tipo de uso que se le dé a la vivienda o inmueble adquirido así mismo se establecen los tramos o tablas progresivas combinadas de IBI. Entonces en el caso de el IBI de una propiedad destinada a Patrimonio familiar o primera vivienda presenta tramos distintos, a los que deberá pagar una vivienda que no aplica como Patrimonio familiar.

En este caso la Ley otorga un incentivo para el pago de este impuesto y el mismo corresponde a un descuento por pago anticipado o pronto pago del 10% del valor del gravamen, si se paga el total anual durante los 2 primeros meses del año.

  • Impuesto de Transferencia de Bien Inmueble (ITBI). Este impuesto grava la transferencia de la propiedad, es decir cuando hay traspaso del bien de un dueño a otro.

Este impuesto grava la transacción de compraventa y representa el 2% aplicado sobre el mayor entre el valor de la escritura de compra venta inscrita en el Registro Público panameño o el valor inscrito en la oficina de Catastro. El pago de este tributo se debe realizar antes de la firma de la compraventa en la notaria correspondiente, ya que debe adjuntarse el comprobante de pago al borrador de la escritura de compraventa.

  • ¿Cuánto se paga en comisiones a los agentes inmobiliarios?

En Panamá, los conocidos agentes de bienes raíces cobran entre un 3% y 5% del precio de venta de la propiedad.

  • ¿Existe alguna prohibición que limite a los extranjeros a comprar un inmueble en Panamá?

En Panamá, tanto un nacional como un extranjero tienen las mismas oportunidades y opciones para adquirir un bien inmueble. No existen restricciones o excepciones para registrar un título de propiedad. Todo bien inmueble puede ser registrado a nombre de una persona natural o jurídica, ya sea local o extranjera. No se le exige a ningún comprador extranjero tener una residencia en Panamá para poder ser dueño de un bien inmueble en Panamá.

Una diferencia entre los nacionales y los extranjeros se puede reflejar al momento del acceso al financiamiento de una vivienda. Por lo general, las entidades bancarias le exigen un downpayment mayor al extranjero que al nacional. Pero esta situación generalmente sigue la línea de las políticas bancarias.

  •  Si es la primera vez que compro una vivienda ¿Qué opciones de financiamiento reales tengo?

Panamá tiene una Ley especial que se llama Ley de Intereses Preferenciales, la misma ofrece tasas de interés “especiales” es decir tasas con un interés menor a las tasas del mercado hipotecario siempre que el bien este tenga un valor entre $40.000,00 y $180.000,00 dólares americanos. Este interés se establece de la siguiente forma: el tramo hasta 40 mil dólares el Estado asume totalmente los intereses. El segundo tramo se divide en dos: De 40 a 80 mil dólares con una tasa preferencial de un 4%, y de 80 a 120 mil dólares con una tasa de 3%. Además, se añaden los tramos de 120 a 150 mil dólares con una tasa de 2% y de 150 a 180 mil dólares con una tasa preferencial de 1.5%.

  •  Si soy extranjero ¿Qué posibilidades de financiación bancaria tengo? Y ¿Qué documentos me solicitará el banco?

En el caso de los extranjeros los bancos, en su gran mayoría, suelen financiar el 70% de coste de la vivienda o valor del inmueble por 25 años y a una tasa anual aproximada de 6.5%.

Entre los documentos que le puede solicitar su banco podemos mencionar:

  1. Copia del pasaporte
  2. DNI o cédula de su país de origen
  3. Reporte de historial crediticio de su país de origen
  4. Verificación de activos, entiéndase: cuentas de ahorros, corrientes, fondos de inversión, depósitos a plazo, registro de propiedades, estados de cuenta, etc.
  5. En caso de poseer cuentas bancarias en su país de origen presentar los estados de cuenta actualizados.
  6. Dos cartas de referencias bancarias dirigidas a la entidad.
  7. Recibos de utilidad de su residencia actual.

Si necesitan asesoría para la inversión no duden en contactarnos, nuestro equipo de abogados estarán encantados de poder ayudar: info@legalsolutionspanama.com

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PANAMÁ, PAÍS QUE RESPONDE CON AYUDAS FISCALES REALES EN TIEMPOS DEL COVID-19

oportunidades fiscales covid-19

La crisis mundial por la que estamos atravesando, esta sacando a la superficie la capacidad de cada país para dar respuesta a sus ciudadanos en general, no solo en el sector salud (el que esta soportando la carga más dura, tanto emocional como económica) sino todos aquellos sectores que por razones del COVID-19 han tenido que cerrar sus puertas o limitar sus actividades. Siempre que hablamos de Panamá hacemos referencia a las oportunidades que ofrece el país para todos aquellos que deseen invertir, en crear empresas, empleo y riqueza. Ahora en tiempos de crisis podemos seguir defendiendo que Panamá, responde de forma rápida y ofrece a todos una lista de medidas fiscales para paliar el tránsito por esta dura crisis.

Muchas han sido las medidas que ha adoptado el gobierno nacional para mitigar el daño económico en los sectores más vulnerables de la economía. Ya hemos comentado acerca de las medidas laborales que ha tomado el gobierno para reducir las pérdidas en las empresas. Así mismo en el ámbito fiscal también se brindan oportunidades, como aquellas que nos detalla el Decreto 251 de 24 de marzo de 2020, en el cual se adoptan medidas para aliviar el impacto económico producto del Estado de Emergencia, es importante mencionar que estás medidas son prácticas y de rápida puesta en marcha. Os mencionamos algunas para que se hagan una idea del alcance de estas y hasta donde se están haciendo esfuerzos para que los emprendedores grandes o pequeños puedan continuar su actividad.

  • Extensión en el pago de tributos. Se concede un plazo de 120 días calendario desde la fecha de promulgación de la Ley 134 de 20 de marzo de 2020 para el pago de tributos, sin que generen intereses, recargos o multas. Tomar en consideración que estos 120 días se cumplen el 18 de julio de 2020.
  • El abanico de tributos que esta medida abarca va desde los impuestos nacionales directos e indirectos, las tasas, contribuciones especiales y cualesquiera otras deudas de dinero, líquidas y exigibles, que en cualquier concepto una persona ya sea natural o jurídica, así como los bienes inmuebles deban pagar ante la Dirección General de Ingresos (DGI). De lo anterior se exceptúan: Impuesto sobre la Renta retenido a empleados; Impuesto sobre la Renta retenido a no residentes; ITMBs retenido a no residentes; ITBMs retenido por el Estado; ITMBs retenido por agentes de retención locales; Impuesto de dividendos e Impuesto de Inmueble que retengan bancos.
  • Se produce una extensión del plazo para la presentación de la Declaración Jurada de la Renta 2019 hasta el 30 de mayo de 2020. Esta medida aplica tanto a personas naturales como jurídicas. También se autoriza a la presentación de todos los documentos originales y copias autenticadas como demás documentación que sirvan como pruebas o requisitos para trámites y solicitudes ante la DGI por medio de la vía electrónica.
  • En relación con el Impuesto estimado a pagar para el año 2021, los contribuyentes podrán determinar un monto no menor al 70% del impuesto causado en sus declaraciones de rentas del período fiscal 2019, sin que dicha estimación se encuentre sujeta a investigación o verificación por parte de la DGI (Dirección General de Ingresos). Este impuesto así estimado deberá ser pagado en 2 partidas durante el período fiscal 2020, la primera a más tardar el 30 de septiembre de 2020 y la segunda partida a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
  • En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas se extiende por un año adicional la exoneración del impuesto sobre la renta de acuerdo con la Ley 33 de 2000, en la medida que los mismos hayan vencido durante el período fiscal 2019 o el período fiscal 2020.
  • Queda autorizado por el término de 120 calendario la emisión de paz y salvo a contribuyentes morosos que lo soliciten y sustenten de forma debida.
  • Quedan excluidos de la aplicación de estás medidas aquellos contribuyentes que tengan procesos por evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal.

Cuanto más se ayude a las pequeñas y medianas empresas más estamos ayudando a la estructura económica y social del país. Si necesita asesoría sobre como acogerse a estos beneficios no dude en consultar con nosotros: info@legalsolutionspanama.com

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PANAMÁ CREA EL SISTEMA PRIVADO Y ÚNICO DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES DE PERSONAS JURÍDICAS: LO QUE DEBES SABER

REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS PANAMA

El pasado viernes 20 de marzo en plena crisis global por el COVID-19 el Gobierno de Panamá aprobaba la Ley 129 de 17 de marzo de 2020 por la cual Crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de las Personas Jurídicas. A nuestros usuarios y clientes queremos brindarles un resumen fiable de lo que crea esta Ley y en qué consiste.

  • ¿Qué es el Sistema Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas?

El Sistema Único es la herramienta tecnológica que será establecida por la Superintendencia de Sujetos No Financieros para facilitar el acceso y garantizar la confidencialidad de la información contenida en el Registro Único de Beneficiarios finales. Este Sistema será administrado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá, quien custodiará y asegurará la privacidad de la información que aporten los agentes residentes de las personas jurídicas para las cuales presten tal servicio.

  • ¿Tengo que pagar por registrar los datos en este Sistema?

No, el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales será gratuito, privado y de acceso limitado.

  • Esta Ley crea el Registro de Agentes Residentes ¿En qué consiste dicho Registro y qué datos habría que aportar al mismo?

Es un registro que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros de la República de Panamá, donde todo abogado o firma de abogados que preste sus servicios profesionales como agente residente para una o más personas jurídicas constituidas o registradas en la República de Panamá deberá registrarse y mantenerlo vigente.

Los datos que el agente residente deberá suministrar al registrarse son:

  1. Persona Natural: nombre completo; cédula de identidad personal; nº de idoneidad como abogado en la República de Panamá; Dirección; Fecha de nacimiento; Datos de contacto; Código UAF
  2. Sociedad Civil: Nombre completo; Número de folio; Fecha de inscripción; Dirección; Datos de Contacto; Código UAF.

Por último, es importante mencionar que el Registro Único de Agente Residente será gratuito, privado y de acceso limitado.

  • ¿Qué información requerirá el Sistema Único al Agente Residente de las personas jurídicas a las que representa?

La ley en su artículo 10 menciona la información específica que se requerirá al agente residente de las personas jurídicas a las cuales preste sus servicios:

  • Con respecto a la persona jurídica objeto de registro: Nombre completo; Número de folio; fecha de inscripción; Dirección y actividad principal.
  • Respecto al Beneficiario final: Nombre completo; nº de cédula, pasaporte o documento de identidad personal; fecha de nacimiento; nacionalidad, dirección; fecha en que se adquiere la condición de beneficiario de la persona jurídica.

La Ley presenta una excepción y es en el caso de que la persona jurídica sujeta al registro sea una empresa con acciones comunes listada en una bolsa de valores local o internacional o de propiedad de una entidad estatal o multilateral de un Estado, en ese caso la información a suministrar sería la siguiente:

  • Respecto a la persona jurídica listada en la bolsa de valores: nombre completo; Dirección; País de constitución; Nombre y jurisdicción de la bolsa de valores en que se encuentra listada la persona jurídica.
  • Respecto al beneficiario final de una entidad estatal o multilateral: Nombre completo de la entidad; dirección; País y/o Sede; Nombre completo del representante legal o su equivalente.
  • Respecto al beneficiario final de las personas jurídica propiedad del Estado: Nombre completo del país; Fecha de constitución.
  • ¿Qué es el Código Único de Registro?

Es el código que la Superintendencia de Sujetos no Financieros, asigna a cada agente residente para poder acceder al Sistema Único. Este código no es transferible. El Registro Público de Panamá validará con la Superintendencia de Sujetos no Financieros la inscripción del Código único de registro. Este último no aparecía en el proyecto de Ley inicial que se presento en su momento.

  • ¿Cómo define esta ley al Beneficiario Final?

La Ley señala que son aquella persona o personas naturales que, directa o indirectamente, posee, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre la relación de cuenta, relación contractual y/o negocios o la persona natural en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, lo cual incluye también a las personas naturales que ejercen el control final sobre la persona jurídica.

La normativa también incluye criterios específicos para determinar la posesión, control o influencia. Los criterios son:

  • Criterios por participación accionaria. En este caso la persona natural que en última instancia posee o controla, directa o indirectamente, el veinticinco por ciento (25%) o más de las acciones o derechos de voto en la persona jurídica, salvo aquellas que estén listadas en una bolsa de valores local o internacional, o de propiedad de un organismo internacional, multilateral o de un Estado.
  • Criterios por control. Aquí se detallan diferentes casos dependiendo de la situación de control en concreto.(i) En el caso de una sociedad civil, el socio o socios que ostentan la administración de la sociedad; (ii) en el caso de un fideicomiso, que ostente una participación accionaria de un 25% o más de personas jurídicas; el fideicomitente, en caso que el fideicomiso sea revocable o este retenga para sí el control administrativo o facultad de disposición sobre los bienes fideicomitidos; el beneficiario en el caso que el fideicomiso se considere no discrecional en cuanto al pago de beneficios, y el fiduciario o cualquier persona natural que ejerza control efectivo y definitivo sobre el fideicomiso; (iii) en el caso de una persona jurídica en liquidación, quiebra o concurso de acreedores, la persona natural que es nombrada como liquidador o curador de la persona jurídica; (iv) en el caso de un accionista de la persona jurídica que de otro modo sería un beneficiario final en virtud de este inciso, pero falleció, la persona natural que actúe como albacea o un representante personal del patrimonio del fallecido.
  • En cualquier otro supuesto no previsto en los literales anteriores, la persona natural que de otro modo ejerce el control efectivo y definitivo sobre la gestión de la persona jurídica, esto es, que tenga la capacidad de tomar decisiones relevantes sobre esta e imponer tales resoluciones.
  • Como Agente Residente ¿En cuánto tiempo debo registrar los datos de la persona jurídica y del beneficiario final de la Sociedad?

De acuerdo con la normativa aprobada el registro de datos de la persona jurídica y del beneficiario final por parte de los agentes residentes deberá perfeccionarse dentro de un término máximo de treinta (30) días hábiles siguientes la fecha de constitución o inscripción de la persona jurídica o de la designación de un nuevo agente residente ante el Registro Público de Panamá. Otro punto importante es que el agente residente debe mantener actualizada la información que ha suministrado en el Sistema Único, es decir el representante legal de toda sociedad queda obligado a informar a su agente residente la información requerida para identificar al beneficiario final y notificarle de todo cambio que se produzca con respecto a éste, en un término no mayor de treinta (30) días hábiles siguiente a la fecha de la variación, con el objetivo que el agente residente actualice los datos en un término no mayor de treinta (30) días hábiles a la fecha en que recibió la información.

  • ¿Tengo que registrar todas las personas jurídicas para las cuales actúo como Agente Residente?

Sí, el agente residente debe, a partir de la creación del Sistema Único, registrar cada persona jurídica constituida o registrada vigente para las cuales presta sus servicios de agente residente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación efectuada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros en medios circulación nacional. Si el agente residente no puede actualizar la información del beneficio final de las personas jurídicas a quienes le brinda el servicio, deberá renunciar como agente residente, de no hacerlo le impondrán sanciones.

  • ¿Puedo renunciar a ser agente residente, cual sería el procedimiento para hacerlo?

La normativa es clara, el agente residente debe notificar a la Superintendencia de Sujetos no Financieros dentro de un término máximo de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción de la renuncia ante el Registro Público de Panamá. Este hecho bloquea automáticamente el acceso a la información provista.

  • ¿Qué pasa si como agente residente no registro o actualizo la información ante el Sistema Único?

Como agente residente al omitir el registro o actualización de la información la ley sanciona con multas de mil balboas (B/.1.000,00) hasta cinco mil (B/.5.000,00) por cada persona jurídica vigente cuya información no sea registrada o actualizada. Además, la Superintendencia puede imponer multas progresivas diarias, cuyo monto será equivalente al 10% de la multa originalmente impuesta, hasta que haya una subsanación del incumplimiento por un término máximo de 6 meses. Estas multas finales difieren mucho de las primeras multas establecidos en el Proyecto de Ley son mucho más bajas.

  • ¿Qué otras multas hay?

Otras multas que establece la Ley están dirigidas a los agentes residentes que suministran información falsa sobre el beneficiario final, en este caso se aplicará el doble de la pena comentada anteriormente, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales correspondientes. Por otra parte, aquellos que accedan en beneficio propio de un tercero, directa o indirectamente, por cualquier medio al Sistema Único, o a la información que este protege, sin autorización debida, la multa alcanza en este caso B/.500.000,00 (quinientos mil balboas).

Si tienes alguna duda por favor consúltenos, estaremos encantados de poder ayudarte: info@legalsolutionspanama.com

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¿QUÉ ES EL REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS FINALES Y CÓMO TE AFECTARÍA? TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE EL PROYECTO DE LEY 169 DE 2019 EN PANAMÁ

REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS PANAMA

Aunque la publicidad que ha recibido la presentación del Proyecto de Ley 169 ante la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Panamá no ha sido destacada, tenemos que comentar que es importante dar a conocer los detalles más relevantes de dicho Proyecto 169 de 2019 ya que, en el ámbito que nos ocupa, este Proyecto 169 de 2019 va a significar un antes y un después en la legislación sobre materia de Sociedades en la Panamá.

Vamos a mencionar a continuación lo más significativo, desde nuestro punto de vista, de este Proyecto 169 de 2019 que como su nombre lo dice: crea un Registro Único y Seguro de información para garantizar la transparencia.


Creación del marco regulatorio para la creación del Sistema de Registro Único de Beneficiarios Finales en Panamá.

Este proyecto 169 de 2019 crea este sistema de registro único de beneficiarios finales para facilitar, de algún modo, la supervisión de los abogados que presten sus servicios de agente residente y el acceso a la información sobre beneficiarios finales de personas jurídicas para asistir a las autoridades competentes en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos precedentes. Además de cumplir con las obligaciones de cooperación internacional contenidas en los tratados internacionales ratificados por Panamá.

¿Qué se entiende por beneficiario final?

El Proyecto de Ley 169 de 2019 describe como beneficiario final a aquella persona o personas naturales que, directa o indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre la relación de cuenta, relación contractual y/o de negocios o la persona natural con cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, lo cual incluye también a las personas naturales que ejercen control final sobre una persona jurídica. El Proyecto establece dos tipos de criterios para determinar la posesión, control o influencia de estas personas:

  1. Criterios por participación accionaria. En este caso se hace énfasis en la persona natural que en última instancia posee o controla, directa o indirectamente, el veinticinco por ciento (25%) o más de las acciones o derechos de voto en la persona jurídica, salvo aquellas que estén listadas en una bolsa de valores de una jurisdicción reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores o de propiedad de un organismo internacional, multilateral o de un Estado
  2. Criterios por control. Aquí se detallan diferentes casos dependiendo de la situación de control en concreto.(i) En el caso de una sociedad civil, el socio o socios que controlan la sociedad; (ii) en el caso de una transacción, la persona que controla la transacción; (iii) en el caso de un fideicomiso, el fideicomitente, el beneficiario y cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y definitivo sobre el fideicomiso; (iv) en el caso de una persona jurídica en liquidación, quiebra o concurso de acreedores, la persona natural que es nombrada como liquidador o curador de la persona jurídica; (v) en el caso de un accionista de la persona jurídica que de otro modo sería un beneficiario final en virtud de este inciso, pero falleció, la persona natural que actúe como albacea o un representante personal del patrimonio del fallecido.

No obstante, el Proyecto también establece que en cualquier otro supuesto no previsto en los literales anteriores, la persona natural que de otro modo ejerce el control efectivo y definitivo sobre la gestión de la persona jurídica, esto es, que tenga capacidad de tomar decisiones relevantes sobre la persona jurídica e imponer tales resoluciones.

Se crea el Registro de Agentes Residentes

Lo primero que tenemos que reconocer es qué es un Agente Residente. El mismo proyecto define claramente que o a quién se considera Agente Residente: “Abogado con idoneidad expedida por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá o firma de abogados designado por una persona jurídica constituida o registrada bajo las leyes de la República de Panamá para que ejerza las facultades y cumpla con las obligaciones exigidas por la legislación panameña a quienes presten este servicio”. En base a ello, se crea el Registro de Agentes Residentes, en el cual todo abogado o firma de abogados que preste sus servicios profesionales como agente residente, para una o más personas jurídicas constituidas o registradas en la República de Panamá, deberá registrarse, y mantener vigente su registro, ante la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, en cumplimiento con los requisitos que se establezcan para tal fin, atendiendo, entre otros factores, al número de personas jurídicas para las cuales presta los servicios y la habitualidad de la prestación de tales servicios.

 

¿Qué es el Código Único de Registro?

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros asignará a cada agente residente un Código Único de Registro (CUR), no transferible, que deberá ser incluido en todas las gestiones que lleve a cabo para cada una de las personas jurídicas a las cuales presta sus servicios como agente residente.

 

¿Qué es el Registro Único de Beneficiarios Finales?

El Proyecto de Ley 169 de 2019, propone la creación de un Registro Único de Beneficiarios Finales de personas jurídicas constituidas o registradas bajo las leyes de la República de Panamá, dicho registro será administrado por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros y custodiará la información que aporten los agentes residentes de las personas jurídicas para las cuales presten tal servicio, de conformidad con los datos que hayan obtenido para conocer al beneficiario final según lo dispuesto en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, sus modificaciones y reglamentaciones.

 

¿Se debe actualizar la información aportada al Registro Único de Beneficiarios Finales?

El Proyecto claramente otorga una importancia alta a la actualización de la información. Quedando la persona jurídica en la obligación de notificar a su agente residente de cualquier variación en la información de su beneficiario final, a efectos de que el agente residente efectúe la debida actualización en un término máximo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que recibió tal información.

 

¿Establece sanciones el Proyecto de Ley 169 a los Agentes Residentes o a las Personas Jurídicas en caso de incumplimiento?

La respuesta es un Sí alto y claro. Las sanciones a los Agentes Residentes contemplan multas entre mil balboas (B/.I,OOO.OO) hasta ochenta mil balboas (B/.80,000.00) por cada persona jurídica que no sea registrada atendiendo a lo dispuesto en el Proyecto de Ley. Los agentes residentes serán sancionados con multas entre mil balboas (B/.I ,000.00) hasta cuarenta mil balboas (B/.40,000.00) por cada persona jurídica cuya información no sea actualizada de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

Por último, todas las personas jurídicas que no hayan sido inscritas o actualizadas en el Registro Único de Beneficiarios Finales se les suspenderá de los derechos corporativos por medio de orden emitida por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros al Registro Público de Panamá. Consecuentemente, mientras persista la suspensión, no podrá inscribirse ningún acto, documento o acuerdo ni podrán expedirse certificaciones relativas a tal persona jurídica, salvo las ordenadas por autoridad competente o las solicitadas por terceros con el objeto específico de hacer valer sus derechos.

 

Seguiremos de cerca la evolución de este Proyecto de Ley ya que el mismo reglamenta un aspecto desde hace muchos años debatido en los foros del derecho societario nacional. Sin olvidar, que actualmente todo Abogado que sea el Agente Residente de una Sociedad en Panamá debe poseer toda la información que se incluye en este Proyecto al momento de inscribir una nueva Sociedad en el Registro Público, aunque con el Proyecto esta información traspasa el ámbito privado para aterrizar en el ámbito público.